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Giro 3168  t.n.v. Pinochet naar de rechtbank, te Amsterdam

La manipulación de la verdad

Alberto Espinoza Pino Abogado de derechos humanos

Se cumplió el plazo de la mesa de diálogo y el Presidente Lagos ha dado a conocer los resultados de la información sobre los detenidos desaparecidos, recogida por organismos de iglesia y las Fuerzas Armadas. Lagos, los partidos de la Concertación y los integrantes de la mesa han manifestado conformidad y complacencia con la información.

La información entregada es dura y dolorosa, según palabras del presidente; habla de muertes, de sepulturas, de cuerpos arrojados al mar. Es una simple información que no puede confundirse con la verdad. Nada nuevo bajo el sol. La dictadura de Pinochet fue criminal y asesina, esta es una verdad vehemente, razonada y reflexivamente reconocida desde siempre por toda la humanidad. Los ejecutados políticos y los detenidos desaparecidos son expresión de ello. Los nombres de los detenidos desaparecidos y de los ejecutados son conocidos, están en el informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación, las circunstancias que rodearon esta criminalidad están en los procesos judiciales, en los recursos de amparo, en los archivos de los organismos de Derechos Humanos. El establecimiento de las responsabilidades penales de estos hechos es el tema de verdad pendiente. Por esta razón la mesa de diálogo y sus resultados no constituyen ningún aporte real a la solución de un problema que se arrastra por años. Decir que los cuerpos fueron arrojados al mar o que fueron cremados es una forma artera de responder a una demanda y necesidad social indispensable para avanzar en materia de Derechos Humanos, es una forma cruel y perversa para explicar, sin asumir responsabilidades, las violaciones a los Derechos Humanos, el secreto y la ley del silencio es la garantía para la impunidad, único fin perseguido por la mesa de diálogo que se constituyó como un instrumento político y maquiavélico, cuyos resultados, en la perspectiva de sus promotores y de las Fuerzas Armadas, siempre estuvieron condicionados a los resultados de las investigaciones judiciales, especialmente las querellas contra Pinochet.

La verdad supone una contrastación empírica, razonablemente explicable. Entregar nombres al azar de personas que fueron arrojadas al mar, al amparo del secreto constituye una expresión de la criminalidad que se extiende hasta nuestros días. Los criminales se refugian en los resultados de la mesa de diálogo para no responder de sus crímenes, con el reconocimiento público del Presidente de la República y sus partidarios, que valora y reconoce la fortaleza y coraje especialmente del Ejército. Reconoce el coraje de los asesinos, la fortaleza de los criminales para no claudicar ante la justicia y en su obcecación vocacional por la impunidad y desprecio de la dignidad humana. Con estos resultados no han hecho otra cosa que revivir en los familiares de las víctimas el acto criminal, esta vez con expresiones de reconocimiento para los victimarios. No es aceptable esta información del ejército porque no es la verdad. El Presidente se siente orgulloso de las instituciones armadas comprometidas en estos crímenes contra la humanidad. El resultado de la mesa de diálogo está a la altura de las declaraciones del guatón Romo, él ya había dicho que los detenidos desaparecidos habían sido lanzados al mar, era cosa de poner algunos nombres para provocar esta reacción de Estado. Se ha jugado con el dolor de las familiares, se ha manipulado una información como si fuera la verdad, corrompiendo las conciencias y los valores que deben inspirar el desarrollo de una democracia.

Un presidente que se pone del lado de los criminales no es confiable para una sociedad. Nada se ha aclarado y no puede iniciarse ningún duelo, las Fuerzas Armadas no han reconocido nada, ni comparten el dolor de las víctimas, no asumen ninguna responsabilidad porque las responsabilidades criminales son expresas y no tácitas. Cuántas interrogantes para esta información intrascendente que no tiene el valor ni la fuerza de la verdad: fueron lanzados vivos o muertos al mar, quiénes los lanzaron, qué medios se utilizaron, con cargo a qué presupuesto se ejecutaron estos hechos, por qué se ha ocultado esta información por tantos años, por qué una información selectiva si los ejecutores eran todos agentes del Estado que operaron institucionalmente.

Es legítimo preguntarse acerca de las verdaderas intenciones que se esconden detrás de estas actuaciones públicas, acaso la impunidad, la amnistía, la solución política. También debemos preguntarnos quién gobierna en Chile, las fuerzas de la dictadura o las autoridades elegidas con el voto ciudadano.

Urge una respuesta con la verdad, la misma verdad que exigimos para las violaciones de los Derechos Humanos, sin manipulaciones, sin ignominia, con justicia, nada más y nada menos.

Santiago de Chile, 9 de enero de 2001