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DECLARACIÓN DE LA MESA DE DIALOGO
SOBRE DERECHOS HUMANOS
Santiago, 13 de junio de 2000
 

Consulte el documento de rechazo de la Mesa
de Diálogo de los abogados

I. REFLEXIONES FUNDAMENTALES

La mesa de diálogo fue convocada por el Supremo Gobierno porque subsiste entre los chilenos un
desencuentro que dificulta que el país avance unido hacia el futuro.
Chile sufrió, a partir de la década de los 60, una espiral de violencia política, que los actores de
entonces provocaron o no supieron evitar. Fue particularmente serio que algunos de ellos hayan
propiciado la violencia como método de acción política. Este grave conflicto social y político
culminó con lo hechos del 11 de septiembre de 1973, sobre los cuales los chilenos sostienen,
legítimamente, distintas opiniones.
Sin embargo, hay otros hechos sobre los cuales no cabe otra actitud legítima que el rechazo y la
condena, así como la firme decisión de no permitir que se repitan. Nos referimos a las graves
violaciones a los derechos humanos en que incurrieron agentes de organizaciones del Estado
durante el gobierno militar. Nos referimos también a la violencia política cometida por alguno
opositores al régimen militar.
En especial nos preocupa hondamente la tragedia, aún no resuelta, de lo detenidos desaparecidos.
Es imperativo y urgente contribuir a superar este problema. Ello requiere de parte de todos un
espíritu de grandeza moral que nos permita concordar medidas efectivas para ese fin.
Con miras a propiciar dicho espíritu y, en general, de avanzar hacia un reencuentro nacional,
representantes de las FF.AA. y Carabineros, abogados de derechos humanos, autoridades de
entidades éticas y personeros de la sociedad civil, han trabajado por largo tiempo en esta
instancia de diálogo, reconstruyendo espacios de confianza sobre la base de la tolerancia y la
franqueza.
Debemos comenzar por explicitar las lecciones morales que se desprenden de nuestra historia
reciente:
El país necesita hacer todo lo humano posible para que nunca más se recurra a la violencia política
o se violen los derechos de las personas en nuestra patria.
Reafirmamos que es condición del estado de derecho que el ejercicio legítimo de la fuerza quede
entregado exclusivamente a los órganos competentes en un sistema democrático, como también
el rechazo absoluto de la violencia como método de acción política. Se hace indispensable
desterrar y rechazar, de manera categórica, cualquier forma de acceso al poder por vías distintas
de las democráticas.
Aseveramos, asimismo, que la defensa del estado de derecho y en particular el respeto de los
derechos fundamentales de todos los habitantes de la República, en todo tiempo y circunstancias,
es sustento ético de las instituciones de la Nación.
Es necesario formar y educar a nuestras generaciones futuras en el debido respeto de los derechos
de las personas. Para ello, se deben incorporar o reforzar, en todos los ámbitos de la enseñanza
nacional, los contenidos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho
Internacional Humanitario.
La solución del problema de los detenidos desaparecidos requiere de la ubicación de sus restos
mortales, cuando ello sea posible, o que se establezca, en todo caso, su destino. Si conseguimos
ese objetivo habremos cumplido con el deber de dar paz de espíritu –en alguna medida- a sus
familiares. Sin embargo, la necesidad de conocer el paradero de los detenidos desaparecidos
trasciende ese deber; también tiene como propósito que el país tome conciencia, de manera
concreta, de aquello que no debe repetirse.

II. CONTENIDOS PRINCIPALES DE UN COMPROMISO PARA SER ASUMIDO POR EL PAIS ENTERO

Con el fin de superar los problemas del pasado y avanzar hacia el reencuentro de todos los
chilenos, llamamos a realizar un gran esfuerzo nacional que comprometa muy activamente a las
más altas autoridades del país, a las instituciones civiles, militares, religiosas y éticas, así como
a la comunidad nacional en su conjunto, en la tarea de encontrar los restos de los detenidos
desaparecidos o, cuando ello no sea posible, obtener al menos la información que permita
clarificar su destino.
Condiciones generales sobre la información
- Con el objeto de dar información útil y conducente para establecer el paradero y destino de los
detenidos desaparecidos, proponemos que se dicten disposiciones legales que establezcan el
secreto profesional en los términos que se señalan más adelante.
- La Mesa de Diálogo declara que quien oculte la información que pueda tener sobre el paradero o
suerte de los detenidos desaparecidos incurre en una conducta moralmente condenable y
antipatriótica, sin perjuicio de que ella puede ser constitutiva, de acuerdo a la legislación vigente,
de los delitos de perjurio, falso testimonio u obstrucción a la justicia. Igualmente, quienes
entreguen información falsa o tendenciosa, pueden incurrir en los delitos de calumnia o denuncia
calumniosa.
Respecto de las Fuerzas y Carabineros de Chile:

Las instituciones de las Fuerzas Armadas y Carabineros se comprometen solemnemente a
desarrollar, en un plazo de seis meses, desde que entre en vigencia la legislación que
proponemos, los máximos esfuerzos posibles para obtener información útil para encontrar los
restos de los detenidos desaparecidos o establecer su destino. La información que por esta vía
obtengan, será entregada al Presidente de la República.
Las personas que reciban o recaben esta información estarán amparados por el secreto
profesional, conforme al cual no estarán legalmente obligados a señalar su fuente, quedando de
este modo en reserva la identidad del informante. Quienes violen este secreto profesional
deberán ser sancionados conforme a la legislación vigente.
La mesa de diálogo acoge la afirmación de los mandos de las Fuerzas Arnadas y Carabineros, en el
sentido de que sus respectivas instituciones no cuentan actualmente con esa información, pero
están dispuestas a colaborar en su obtención.
Respecto de las instituciones religiosas y éticas presentes en la Mesa de Diálogo:

- Las autoridades de instituciones religiosas y éticas presentes en la Mesa de Diálogo, se
comprometen a colaborar en esta tarea en el mismo plazo establecido. Asimismo, promoverán
mecanismos para que sus respectivas instituciones puedan recibir información útil y conducente,
que se quiera hacer llegar por esa vía, para lo cual gozarán igualmente de la facultad legal de no
revelar sus fuentes de información. La ley deberá establecer las categorías de personas que
detentarán las prerrogativas del secreto. Los antecedentes que por esta vía se obtengan, serán
entregados al Presidente de la República.

Respecto de los poderes del Estado, se solicita lo siguiente:

Al Poder Ejecutivo:
- Que proponga, en el más breve plazo posible al Congreso Nacional y con la urgencia del caso, las
modificaciones legales necesarias con el objeto de establecer el secreto profesional para quienes
reciban o recaben información sobre el paradero de los detenidos desparecidos.
- Que disponga de los recursos materiales y humanos que requieran las diferentes instancias y
organismos que estén llamados a participar en este esfuerzo nacional.
- Que solicite a la Excelentísima Corte Suprema la designación de los Ministros en Visita que
correspondan, una vez recibida la información pertinente.
Al Congreso Nacional:
- Que otorgue la máxima prioridad al proyecto de ley que proponga el Presidente de la República
en orden a establecer el secreto profesional.
A la Corte Suprema:
- Que designe Ministros en Visita a fin de que se aboquen y otorguen especial atención a las
causas que, con motivo de la información remitida por el Presidente de la República, sea
necesario instruir para los fines de aclarar el paradero de los detenidos desaparecidos. En aquellos
casos en que la nueva información corresponda a procesos que se encuentran en actual
tramitación, ésta deberá remitirse al tribunal correspondiente.
- Que instruya a los Ministros en Visita para que las causas sean tramitadas con la mayor
expedición posible, especialmente en lo referente a la localización, exhumación, identificación,
establecimiento de la data y causas de la muerte, así como la entrega de los restos a sus
familiares, todo ello de acuerdo con la legislación vigente.
Solicitamos al señor Presidente de la República, como máxima autoridad de la Nación, que una vez
finalizada la vigencia de las medidas propuestas, evalúe los resultados del conjunto de estos
esfuerzos, y, si lo estima necesario, las prorrogue por otros seis meses.
Le solicitamos asimismo, que luego de esa evaluación y si lo estima necesario, impulse medidas
complementarias para conseguir los objetivos propuestos. Con ese fin, la Mesa de Diálogo pone a
su disposición el conjunto de sus estudios y debates sobre medidas analizadas, aunque no
acordadas, que pudiera considerar viables.
 
III. CONSIDERACIONES FINALES

Con esta declaración se pretende asumir nuestro pasado. Comprendemos que es injusto traspasar
a los jóvenes los conflictos y divisiones que han dañado al país.
El espíritu que nos anima es legar a las nuevas generaciones de chilenos una cultura de
convivencia basada en la libertad, la verdad, la tolerancia y el respeto.
La Mesa de Diálogo estima que, sobre estas premisas se pueden crear las condiciones que
efectivamente contribuyan a la unidad nacional y a profundizar las bases de la convivencia entre
todos los chilenos.

Consulte el documento de rechazo de la Mesa de Diálogo de los abogados