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Giro 3168  t.n.v. Pinochet naar de rechtbank, te Amsterdam

Prensa del Reino Unido y España 17-18 Febrero

Madrid, 18 de febrero de 2000

De: Equipo director de la acusación particular y popular en proceso a Pinochet y otros ante la Audiencia Nacional de España por genocidio, terrorismo y torturas

Tema: Prensa del Reino Unido y España

Agencia REUTERS

Thursday February 17 10:45 AM ET

Spanish Doctors Reviewing Pinochet Report

MADRID (Reuters) - The Spanish judge seeking the extradition of former Chilean dictator Augusto Pinochet has named a team of doctors to review a British medical report on Pinochet's condition, court sources said Thursday. Judge Baltasar Garzon, who secured Pinochet's arrest in London in 1998 on human rights charges, wants to scrutinize the report by British doctors who declared the 84-year-old general mentally unfit for trial. Two Spanish newspapers cited the report, leaked to the press, as saying that Pinochet had suffered brain damage. Depending on the Spanish doctors' conclusions, Garzon may request a second round of medical tests for Pinochet. He has declared the investigation secret, even withholding the names of doctors he has appointed so they do not face outside pressure, a source close to the judge said. ``It is a team of more than five members,'' the source said. The group, which includes a psychiatrist, a geriatrics specialist and a neurophysiologist, started work Wednesday night and has until Monday to present its findings to Garzon. Pinochet, who ruled Chile from 1973-90, had appeared on the verge of being sent home after Home Secretary Jack Straw announced last month that doctors found him unfit for trial. But Garzon and courts in Belgium, France and Switzerland also seeking to prosecute Pinochet asked to review the report first. Publication of the report generated a storm of controversy. Spanish opposition politicians have blamed the foreign ministry for the leak. But Foreign Minister Abel Matutes issued a firm denial on Wednesday. ``I have always been in favor of publishing the medical reports, but not through leaks,'' he told a news conference. ``We are sure the leak did not come from this ministry.'' Matutes also reaffirmed that the Spanish government would not appeal should Straw decide to release Pinochet.

BBC NEWS

Friday, 18 February, 2000, 04:09 GMT

PINOCHET 'FIT TO STAND TRIAL'

By James Reynolds in Santiago

Lawyers in Chile campaigning to have General Augusto Pinochet put on trial in his own country say that they do not consider that the former military leader is too ill to be tried. Their comments follow the leaking this week of the confidential UK medical report on General Pinochet's health, which said that he was not in a condition to stand trial. The general's health has been the focus of a lengthy legal battle over his extradition from the UK to Spain on torture charges. Human rights lawyer Eduardo Contreras, who submitted the first lawsuit against General Pinochet in Chile two years ago, says the former military leader's condition is little different from that of any 84 year old. And he says letters written by General Pinochet over the last few months show a lucid mind, proving that the general could defend himself in court.

Trial 'unlikely'

Together with other human rights lawyers, Mr Contreras says that he will insist that new medical tests are carried out on the general if he is returned to Chile. This was first suggested last month by the judge who is investigating the 59 lawsuits submitted against General Pinochet in Chile. Under Chilean law, a person cannot be put on trial if tests show that he or she is insane or suffers from dementia. Human rights lawyers also say that if General Pinochet is returned they will immediately ask the Chilean court of appeal to lift parliamentary immunity, which the general holds as a life senator, so that a trial may begin. But legal experts in Chile say that a trial of General Pinochet in his own country is unlikely.

Diario EL PAIS

Madrid 18 de febrero 2000

TÉCNICA DE UN GOLPE ANTIJUDICIAL LA DECISIÓN DE FILTRAR EL INFORME FUE TOMADA ANTE LA HIPÓTESIS DE QUE LOS JUECES BRITÁNICOS ORDENASEN SU ENTREGA

ERNESTO EKAIZER / ENVIADO ESPECIAL , Londres

Los dos periódicos que apoyaron más al general Pinochet -The Times y The Daily Telegraph- coincidieron ayer en señalar el posible origen de la filtración del informe médico. El primero: "Los Gobiernos de España y de Chile son los que tienen mucho que ganar con esta filtración". El segundo:"Abogados relacionados con el caso dicen que el Gobierno español, de centro derecha, que ha tratado de bloquear la extradición, es responsable de la filtración". Ambos también afirman que el ministro Jack Straw se ve reforzado ahora para liberar al ex dictador.
Fuentes solventes consultadas por este periódico han señalado que la operación de filtrar el informe médico fue preparada como una de las alternativas ante un eventual fallo como el que dictaron los tres jueces del tribunal divisional el pasado martes. El Gobierno español esperaba una sentencia favorable al ministro Straw. Hay pruebas que ilustran el estado de ánimo del Ministerio de Exteriores en dicho sentido. Por ejemplo, una carta de 10 de febrero, escrita por el subsecretario de Exteriores, José de Carvajal, al juez Garzón. Carvajal, como quien no quiere la cosa, dice: "Además, a este respecto cabe también recordar que el juez Brown ha declarado recientemente que 'podemos discutir por activa y por pasiva el asunto de los exámenes médicos', pero la realidad es que el ministro del Interior tiene amplísimas prerrogativas para decidir si concede o no una extradición o cuándo interrumpe el proceso, y, en la práctica, podría enviar a Pinochet a Chile por motivos políticos, o simplemente porque le apetece, y nadie podría hacer nada para evitarlo". La indicación recientemente se refiere al inicio de la vista, el lunes 7, y la frase está fuera de contexto. Lo que importa es señalar la esperanza del Gobierno de Aznar de que con dicha frase se prefiguraba el fallo. Los argumentos del Gobierno español -no hay bases para recurrir, es discreción total del ministro Straw, no es un asunto judicial- le hicieron sufrir una derrota cuando el tribunal decidió dar permiso para recurrir. El mismo día, el 8, el abogado Jonathan Sumption, del Ministerio del Interior británico, fue sometido a un debate intenso por el tribunal. La sensación que hubo fue de una nueva catástrofe para Straw. Al día siguiente, el 9, Sumption se recuperó. Advirtió al tribunal sobre las consecuencias políticas de una sentencia que obligase a entregar el informe a los cuatro países que solicitan la extradición (España, Bélgica, Francia y Suiza). Fuentes jurídicas aseguran que en ciertos medios del Gobierno se contaba con información sobre el contenido del informe médico desde hacía cierto tiempo. Hay un dato preciso: el Gobierno chileno tenía los informes previos enviados al ministro Straw el 14 de octubre de 1999, junto con la petición de examinar a Pinochet. Son una serie de informes que resumen la historia clínica pasada y presente del ex dictador y que fueron utilizados como background por los cuatro médicos que revisaron a Pinochet en el hospital de Londres el 5 de enero de 2000. La operación de filtración del informe médico confidencial fue contemplada, pues, según las fuentes, con bastante antelación al día 15. "No fue una improvisación. Se trataba de una fórmula de raíz para un proceso que renacía en una etapa difícil; esto es, durante la propia campaña electoral española", dijo una fuente. La decisión de filtrar fue tomada ante la hipótesis, remota pero posible, de que los jueces decidiesen ordenar la entrega del informe.
Tenía que ser una filtración ipso facto. ¿Por qué? Primero, para diluir el efecto de un fallo que iba nuevamente en contra de lo que juraba y perjuraba el Gobierno español. Pero, además, la clave del fallo del martes es que se recortó la discrecionalidad del ministro del Interior mediante la fórmula de entregar el informe -"está usted obligado", dice la sentencia- y dar tiempo, siete días, para hacer alegaciones ante Straw, quien después podrá tomar, conforme a la ley, su decisión. El informe -y esto, nuevamente, es una resolución judicial- debía ser entregado bajo estricta confidencialidad. Este periodo de alegaciones también preocupaba. Los jueces de instrucción formarían sus equipos forenses para examinar el informe médico y presentar sus alegaciones a Straw el martes. Los Gobiernos de Chile y de España, ¿comparten el interés en un desenlace rápido o les da igual el factor tiempo? Es una pregunta fundamental. La obsesión por las fechas es coincidente. Al presidente Frei, según fuentes diplomáticas chilenas, le quita el sueño la posibilidad de que Pinochet no pueda regresar a Chile antes del 11 de marzo, cuando deja La Moneda. Frei, que prometió el retorno de Pinochet durante su mandato, quiere "cumplir". Aznar hubiera querido liquidar el asunto bastante antes del inicio formal de la campaña de las elecciones del 12 de marzo, en lugar de verse enzarzado en la batalla sobre los recursos judiciales en Londres y la guerra de guerrillas entre Exteriores y Garzón. No pudo ser porque los jueces británicos se plantaron. Por todos estos factores de carácter político, ni el Gobierno de Aznar ni el de Frei podían esperar el desenlace del calendario judicial establecido: entrega del informe, el martes 15; alegaciones, el martes 22, y decisión de Straw, quizá dos días más tarde, el jueves 24. A todo esto hay que agregar otro elemento: si los equipos médicos de los países que alegarán no están de acuerdo con el diagnóstico de que Pinochet está incapacitado para someterse a juicio, los Estados pueden recurrir en revisión judicial la decisión final de liberación que adopte Straw. Y pueden pedir, también, que los tribunales paralicen la libertad del ex dictador, lo que, de ser aceptado, no le permitiría regresar. El calendario político en Santiago y en Madrid, pues, no aguantaba. Si para Frei era un problema de prestigio, como dice un diplomático chileno, para Aznar era matar la mosca cojonera en que se había convertido el caso Pinochet. Y la filtración del contenido del informe médico era, pues, el hachazo, salvaje -interferir en la acción de la justicia, en curso-, pero aparentemente definitivo.
El ministro Matutes resumió en pocas palabras la situación a partir, se supone, de la lectura del informe: "Es rotundo, concluyente y sin fisuras". Otros ministros como Louis Michel, según ha dicho su asesora Chantal Monet ayer a este periódico, ni siquiera abrieron el sobre lacrado con los documentos de Londres. Se entregaron directamente al juez Vandermeersch. Ni Michel ni sus colegas de Francia y Suiza hicieron declaración alguna por entender que el asunto está sub júdice. Que lo está. La tentativa de arbitraje bilateral en julio de 1999 entre España y Chile, a propuesta de Santiago, fue el primer intento en regla de ajustar cuentas con el caso Pinochet. Pero fracasó en septiembre. Luego le siguió, ya en octubre, la visita aparentemente secreta de dos funcionarios de Exteriores -Miguel Aguirre de Cárcer, de Madrid, y la consejera política Carmen de la Peña, de Londres- el 5 de octubre de 1999 a la Fiscalía de la Corona londinense, tres días antes de la sentencia de extradición del 8 de octubre. Dicha misión dio lugar a un incidente con la fiscalía británica por no estar en condiciones los diplomáticos de aclarar si era necesario recurrir un eventual fallo adverso a la extradición. El 12 de octubre fue el embajador de España en Londres, marqués de Tamarón, quien mantuvo una reunión en la fiscalía británica para "ordenar" las comunicaciones en el futuro. Las comunicaciones directas, fluidas, entre el juez Baltasar Garzón y la fiscalía británica quedaron bloqueadas.
La decisión de no recurrir en revisión judicial parecía a los ojos del Gobierno español el último punto de esta carrera. Pero, como una hidra de mil cabezas, volvió a ser una pesadilla. Cuando se vio que el informe médico del general Augusto Pinochet podría llegar a España, se ejecutó el plan. Una bomba limpia. Más bien sucia.

EL PODER JUDICIAL VE "LAMENTABLE" LA QUIEBRA DEL SECRETO SOBRE EL INFORME DE PINOCHET CARLOS CASTRESANA, FISCAL ANTICORRUPCIÓN, VE INDICIOS DE DELITO EN LA FILTRACIÓN

JOSÉ MIGUEL LARRAYA,
Madrid El Poder Judicial condenó ayer sin matices la quiebra de la confidencialidad sobre el informe médico del general Augusto Pinochet entregado al Estado español por la justicia británica. Las declaraciones del portavoz del Consejo del Poder Judicial, Benigno Varela; del ex presidente del Tribunal Constitucional, Álvaro Rodríguez Bereijo, y del fiscal anticorrupción, Carlos Castresana, contrastan con la actitud adoptada por el Gobierno, cuyo presidente, José María Aznar, suscribió ayer la declaración de su portavoz, Josep Piqué, de que la filtración es un ejemplo de "periodismo de investigación".

"De qué se ríe Piqué" se preguntó ayer el fiscal Carlos Castresana al recordar la forma en que el ministro portavoz despachó la entrega de los documentos a dos diarios próximos al Gobierno como un ejemplo de "periodismo de investigación". Castresana -tras la presentación de un libro de Álvaro Vargas Llosa- recordó que la quiebra de la confidencialidad exigida por los jueces británicos supone "un incidente diplomático internacional grave", y que la entrega de documentos confidenciales "puede ser constitutiva de delito". El presidente del Gobierno, José María Aznar, suscribió ayer, en declaraciones a Catalunya Radio, la tesis de Piqué y subrayó que tenía la seguridad de que la filtración no procedía del Ministerio de Asuntos Exteriores. Posiblemente tenga motivos, no desvelados por el momento, para afirmarlo. El portavoz de Exteriores, Joaquín Pérez Villanueva, aseguró el miércoles que tenía la convicción de que la filtración "no se había producido en España", lo que no descarta que el documento fuese transmitido desde la propia Embajada española en Londres.
El portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Benigno Varela, calificó de "lamentable" la quiebra de la confidencialidad exigida por los jueces británicos, y señaló que ese tipo de conductas "no conducen a nada bueno". España ha sido el único país de los cuatro a los que se entregó el informe médico -Francia, Bélgica y Suiza- en el que se ha divulgado. El ex presidente del Tribunal Constitucional Álvaro Rodríguez Bereijo consideró también "censurable" el comportamiento de los responsables de que el informe permaneciera secreto, lo que demuestra que han actuado con "poca responsabilidad", y apreció "cierta ligereza" por parte de los medios de comunicación al publicarlo. Recordó que en otras ocasiones se han publicado documentos judiciales confidenciales en medios de comunicación y "al final se sabe de dónde y de quién ha partido la filtración". En su opinión, si la entrega del documento la hubiese cometido un funcionario público, por ejemplo un diplomático, la actuación sería perseguible por la Justicia, mientras que si se tratase de un ciudadano particular, no sería así.
El ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, que ofreció ayer una conferencia de prensa con su homólogo boliviano, Javier Murillo de la Rocha, expresó su "seguridad" de que el documento no había salido de Exteriores y señaló que no tiene "sospechas" de quién ha podido facilitar el informe con tanta celeridad. Matutes cargó contra los "medios de comunicación" que se "han beneficiado de filtraciones anteriores" y ahora "se rasgan las vestiduras" cuando no se benefician de ellas. Reconoció que su departamento se ha visto obligado a dar explicaciones al Reino Unido por la quiebra de la confidencialidad del informe entregado a España. Exteriores, que no ha abierto ninguna investigación oficial al respecto, se limitó a indicar a la fiscalía británica los trámites seguidos en el ministerio, que fueron los "habituales cuando se reciben documentos altamente confidenciales". En una crítica sin nombres dirigida a los partidos de la oposición, dijo que él no era "tan ligero como algunos españoles, que quizás sienten demasiado el peso de la campaña electoral y primero disparan y luego preguntan quién vive, primero lanzan la acusación y después no son capaces de aportar ninguna prueba". El candidato socialista a la presidencia del Gobierno, Joaquín Almunia, que ayer viajó a París para entrevistarse con el primer ministro francés, Lionel Jospin, afirmó que desde que empezó este episodio "el Gobierno español lo único que ha pretendido es evitar que Pinochet sea juzgado", informa Anabel Díez. La filtración del informe médico ha sido obra del propio Gobierno, afirmó el líder del PSOE. "¿Por qué lo ha hecho?". Almunia se respondió a sí mismo: "El Gobierno intenta hacer ver que como Pinochet tiene no sé cuántas enfermedades, pues lo mejor es que no se le extradite". Además de otras consideraciones, el líder socialista estimó que el Gobierno "ha hecho el ridículo frente a otros países como, por ejemplo, Bélgica, que está dando los pasos que él ha sido incapaz de dar". La prensa europea vincula al Gobierno con la filtración EL PAÍS, Madrid Los principales diarios europeos vinculaban ayer claramente al Gobierno con la filtración del informe médico de Pinochet. En el Reino Unido, The Times afirmaba que todo "apunta a que los Gobiernos de España y Chile son los que más tienen que ganar con su publicación" y "el hecho de que una copia fuera a periódicos de tendencia derechista sugiere que la filtración proviene de quienes quieren probar que Straw tenía buenas razones para rechazar la petición de extradición". The Guardian es rotundo al afirmar que el informe "fue facilitado a dos periódicos españoles por el ministro español de Asuntos Exteriores a las pocas horas de haber sido entregado". "Era cuestión de que el ministro de Exteriores lo filtrara antes de que pudiera hacerlo Garzón", según una fuente no precisada por el periódico. Para The Independent, "la filtración ha suscitado una discusión diplomática internacional". "Fuentes cercanas al juez que ha pedido la extradición aseguraron haber sido informadas de que ambos países habían filtrado el informe, ya que se correspondía con su deseo de que el general sea liberado". Una fuente ministerial En Bélgica, Le Soir, el diario de mayor difusión nacional, explicaba que la filtración sólo pudo venir de una fuente ministerial y recordaba que los dos diarios que tuvieron acceso al informe "forman parte claramente de la órbita del Gobierno de centro derecha", "como si el efecto buscado fuera el de dañar la instrucción del juez Garzón". "¿Una filtración deliberadamente orquestada?", se interrogaba el diario La Libre Belgique, para el que "Bélgica deplora vivamente la publicación del informe", que considera "una indiscreción", informa Bosco Esteruelas. Los periódicos franceses también se hicieron ayer eco de la filtración. "El Gobierno español, acusado de haber organizado las filtraciones", titulaba el periódico Le Monde un artículo en el que se ponía de manifiesto la reacción de escándalo suscitada por la publicación. "El informe médico, pieza clave en el proceso de decisión sobre el futuro de Pinochet y tan confidencial que el ministro del Interior británico, Jack Straw, se ha negado a entregar a las partes, se encontraba expuesto el miércoles 16 en dos periódicos españoles. Y no en dos periódicos cualquiera", indica la corresponsal de Le Monde, "puesto que se trata de dos diarios conservadores próximos al Gobierno, El Mundo y Abc". En el artículo se destaca el hecho de que esos dos periódicos hayan llegado a la conclusión de que Pinochet no está en condiciones de ser juzgado en línea con los deseos gubernamentales. También Le Figaro recoge la polémica y señala la proximidad de los diarios citados con el actual Gobierno español, informa J. L. Barbería.