Insulza

Es casi incomprensible la actitud adoptada por el gobierno chileno frente a
la resolución de la cámara de los lores de no reconocer la inmunidad de
Pinochet frente a las acusaciones de crímenes contra la humanidad.
Incomprensible el celo que demuestran las autoridades de ese país en
obtener la libertad de uno de los más brutales dictadores de América, e
incomprensible las actitudes patéticas e indignas que les han caracterizado
en los últimos días. Es patético ver a algunas de las antiguas víctimas del
dictador, asumiendo su defensa y enarbolando argumentos francamente estúpidos.
El caso más alarmante es el del ministro de relaciones exteriores de Chile,
el señor Insulza, que, además de considerar que el antiguo dictador merece
compasión por estar senil, tiene la arrogancia de pretender que la justicia
chilena (que se caracterizó por su cobardía y su silencio durante los años
de dictadura) puede juzgar a Pinochet ahora de manera más ‘objetiva' que lo
haría la justicia española. La falsedad de este ministro debe quedar en
evidencia. Es probable que el mismo señor Insulza haya sido uno de los
políticos corruptos que firmó ese pacto de inmunidad con los militares
chilenos, que gracias a ese pacto accedió a posiciones de poder político,
social y económico y que ahora ciertamente teme, junto a otros muchos
políticos chilenos que alguna vez fueron defensores de la causa de los
derechos humanos, perder todo lo que construyó desde 1990. Ciertamente, la
inmunidad de los criminales y el olvido de las víctimas era el precio del
poder.
El señor Insulza parece dominar bien el arte del ridículo, al machacar con
tanta insistencia y contra las normas más elementales del derecho, que el
eventual juicio de Pinochet debe escapar a la justicia y ser entregado a la
política, proponiendo de hecho uno de los pocos principios (estúpidos, pero
principios al fin y al cabo) que dictaron la conducta del ex dictador
durante dos décadas. Que sea justamente un ministro socialista del país que
fue justamente víctima de este tirano, causa hilaridad y dolor. ¿Qué
pretensiones le guiarán en querer imponer a la comunidad internacional
semejante ley de excepción: que los dictadores sospechosos de haber
cometido crímenes contra la humanidad deben ser liberados, arguyendo sea
incompetencia, sea senilidad, sea enfermedad mental? ¿Pretenderá el
ministro convencer a España, Gran Bretaña y Europa de que su manera de
concebir la justicia es la mejor? Es simplemente bochornoso, para decir lo
menos. Y el ministro, para hacernos reír más, añade el insulto: que los
jueces españoles "ya han juzgado y condenado" a Pinochet. Es una ignominia;
imagino que sus insultos y provocaciones le pondrán en peligro de ser
declarado persona no grata.
Debe observarse que el pacto del que todo el mundo habla nunca fue hecho
público y que nunca fue sometido a la voluntad popular. La gente de Chile
nunca decidió si semejante pacto era legítimo o no, deseable o no. Fue
simplemente impuesto sobre la población por los militares y un grupo de
políticos corruptos, que se comprometieron a defender las instituciones y
hombres de la dictadura militar, como queda ahora más que claro.
Considerando las deficiencias de la libertad de expresión y prensa en
Chile, la inexistencia de prensa independiente, los abominables niveles de
miseria de más del 30% de la población y los absurdos niveles de
explotación, no nos quedará en claro si los políticos que firmaron ese
pacto lo hicieron por el bien de Chile o sólo por el bien de sí mismos y
sus familias.
Imagino, y espero también, que esto signifique el fin de las carreras
políticas y militares no sólo de los criminales que gobernaron
ilegítimamente el país, sino también de aquellos políticos que
comprometieron gravemente, al aceptar acuerdos inmorales, el futuro del
país y las posibilidades de desarrollo de su democracia.

Edmundo Magaña

 

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