Estimados amigos, Ayer mandé al diario El Pais de España una carta argumentando que se dé curso a la extradicion de Pinochet. Quizá la publiquen esta semana.

La última resolución de los lores, que el ex dictador goza de inmunidad hasta 1988, y que, en consecuencia, pudiese ser extraditado a España por crímenes cometidos a partir de dicha fecha, parece, ciertamente, salomónica: puede ser juzgado por sus crímenes, pero no hay causas judiciales concretas suficientes para procesarlo a partir de 1988, excepto algunos casos. En el caso de Pinochet, sin embargo, conocido por un extenso prontuario de secuestros, detenciones ilegales, maltratos y torturas, asesinatos y desapariciones de dos a tres millares de personas, un solo caso es más de lo que pudiese ser aceptable o comprensible. En el caso de Pinochet, porque después de todas las investigaciones que se han hecho, a nadie podrá caber duda de su responsabilidad y culpabilidad, de tal manera que los casos por los que puede ser inculpado pueden llegar a transformarse en símbolo de todos los torturados y asesinados durante su dictadura. Y, si no es posible otra cosa, es bueno que sea así. Que la ley admita su juzgamiento por sólo pocos casos, no oblitera frente al mundo, y menos frente a los jueces, su responsabilidad en los innumerables crímenes cometidos durante la dictadura militar.

Causaría tristeza y confusión que el ministro Straw decidiese no dar lugar a su extradición a España. Tristeza, porque demostraría que Inglaterra no puede ver aún la necesidad y urgencia de introducir efectivamente la justicia internacional en este mundo de hoy, y confusión porque se nos hizo creer que era posible. No es aceptable, y menos políticamente, que el ministro ceda a argumentaciones destinadas a que tome en cuenta nociones humanitarias que, como sabrá de sobra, el general no merece. Pero esta resolución es importante y puede serlo más aun si el ministro accede a su extradición. El señor Pinochet no sufrirá los malestares de una prisión porque en España no será posible provocarle tales malestares debido a que supera los 75 años. Lo más humanitario sería en este caso - sobre todo si se tomase en cuenta los legítimos sentimientos y anhelos de justicia de los familiares de las víctimas -, extraditarle, aún si se trata de ‘sólo' unos pocos casos. En el terreno político, semejante decisión sería también de, probablemente, grandes y positivas consecuencias para la transición chilena.
Desde que el general fue retenido en Londres, muchos chilenos han expresado su anhelo de concluir lo relativo a las violaciones de los derechos humanos en Chile en el marco de un plan genuino de justicia y reconciliación. Ni los militares, ni el gobierno chileno, ni las fuerzas de la izquierda tradicional del país - contra la mayoría d e los ciudadanos - han creído urgente la labor de postular un nuevo acuerdo sobre la transición. Y el gobierno, a través de su ministro de Exteriores, del senado, y de su propio presidente (Frei), han sido incapaces, por transparentemente inconsistentes y ambiguos, de convencer al mundo que en Chile se pueda juzgar al ex dictador. El tiempo que Pinochet permanezca fuera de su país, es el tiempo que los demócratas chilenos necesitan para convencer a los militares y a la clase política de la necesidad de una nueva plataforma de transición democrática, donde no sólo de tome en cuenta, como postulan algunos políticos, los más graves crímenes del régimen militar, sino, aparte la necesidad de justicia, las reformas políticas y constitucionales necesarias para arribar a una democracia seria, genuina y legítima. Si Pinochet volviese a Chile, es probable que nada de esto ocurra y que, al contrario, los rasgos autoritarios del régimen actual se acentúen aun más, por la simple y lamentablemente humana razón de que interpretarán el regreso del dictador como una victoria.
Esto no debiese ocurrir. Es necesario presionar a esos grupos (de derecha y gubernamentales) para resolver los problemas que tiene el país en ese terreno. Si efectivamente esos grupos accediesen seriamente a negociar, España, Inglaterra y la comunidad internacional pudiesen tornarse políticos y admitir que tenemos un sistema judicial capaz de llevar a juicio al ex dictador; así solucionaríamos nuestros problemas y la incomodidad europea. Pero mientras esa voluntad y capacidad no se demuestre, los chilenos necesitamos el apoyo de la comunidad internacional. En este momento, y quizá a pesar del último veredicto de los lores, en Chile se permanece siendo reacio a discutir las frágiles bases de la actual democracia. Mientras ocurra, mientras la clase política transforme - por virtud o necesidad - la problemática de los derechos humanos en una de vagos conceptos sobre la soberanía, necesitaremos el sostén de toda gente de buena voluntad para proporcionarnos una solución digna y buena para la sociedad chilena en su conjunto.
Ojalá que las autoridades británicas, el ministro de Exteriores en primer lugar, entienda la gravedad de la situación chilena. Ahora necesitamos algo de tiempo.

Edmundo Magaña
Amsterdam