Lo incomprensible de la postura de gobierno conduce a que muchos nos preguntemos sobre el origen de esta no tan repentina falta de lucidez, pero también conduce a muchos otros a elaborar teorías, las más de las veces paranoicas, sobre las razones que llevaron al gobierno a renunciar a la sana coherencia. Siempre se ha sostenido, por ejemplo, que hubo un pacto de impunidad entre los antiguos criminales y sus antiguos compinches cristianos, con el apéndice de algunos de los náufragos ideológicos rescatados de este siglo. Pero nada se sabe con certeza, pues mientras algunos políticos y otros bien informados lo confiesan y lo describen incluso en memorias, otros, de quienes también se sospecha que han estado involucrados, lo niegan vehementemente. Da que pensar, en realidad, aunque tampoco debe olvidarse que la dictadura castrense encarnó en lo esencial una dictadura de clase, y que los uniformados, cristianos y náufragos pertenecen justamente, con excepción quizá del gran mayordomo escogido en su momento, a la clase que, aunque algunos de sus miembros despistados dieran la lata por la violación casi involuntarias de algunos derechillos, podía esperar todo de un régimen que no sólo asesinó a activistas sociales y políticos, sino que además redujo a todo un pueblo a vivir en la miseria y en la abyección.

Este gobierno, y el anterior, han actuado siempre dentro de los límites del pacto escrito en los cuarteles, pero, como era costumbre de gobierno en los antiguos países comunistas, pareciera que a los militares les ha dado por reescribirlos cada vez que se ven en apuros. Así, a los temerosos gobernantes de esas remotas comarcas se les ha visto salir en defensa de la familia del general toda vez que alguno de sus miembros corría el riesgo de tener embrollos a causa de las numerosas estafas y robos de que se les acusaba. Ahora, justamente, se les podrá ver tratando de banalizar la corrupción de los generales en las transacciones por compra de armamentos y otros equipos. Aunque es también verdad que el gobierno actual ha hecho algunos gestos de cierta buena voluntad, pero más bien simbólicos, hacia las antiguas víctimas de la dictadura, se ha negado pertinentemente a ocuparse de las cosas que sí ocupan a muchos chilenos, algunas de ellas tocantes a los derechos más elementales y naturales, como el de poder sepultar a sus parientes (para lo cual se requiere, ciertamente, que los criminales revelen dónde fueron depositados sus cadáveres).

Es también curiosa la postura gubernamental cuando reclama ante los jueces británicos y españoles, respeto por la transición democrática chilena. Pareciera que aún no se enteran allá sobre qué gira todo este asunto - hay que agregar que acá hay muchos que tampoco lo hacen. Así, el gobierno chileno cree que a los europeos les ha dado por llevar a juicio a conceptos políticos, como el de ‘transición democrática', aunque no se ha hecho pública, por cierto, ninguna acusación ni hay fiscales detrás del asunto. Por la misma lógica enfermiza, creen que en Madrid quieren al general porque es un ex jefe de Estado, y niegan que se le pretenda juzgar por crímenes contra la humanidad.

Hay al menos una teoría insostenible: la que asume o pretende creer seriamente que la defensa que hace el gobierno chileno del ex dictador, tiene algo que ver con una supuesta y futura construcción de pirámides sociales y económicas. Peor aún lo pasa uno cuando lee que, para esto, el gobierno ha decidido oprimir al pueblo. Y peor si se puede, cuando se lee que el gobierno malo lo hace para poder imitar a algunos opresores no especificados. Esta teoría está buena para verla como película b, no para ser tomada en serio. En todo caso, eso no lo sabe ni Dios, siquiera porque los señores proyecto piramidal, opresión del pueblo e imitación de opresores no tienen domicilio conocido.

El gobierno chileno no se ha hecho nunca parte en ninguno de los juicios que se siguen a los militares y agentes de seguridad por torturas, desapariciones forzadas y asesinatos, a pesar de advertencias y acusaciones de, entre otros, organismos internacionales, por denegación de justicia. Recientemente, la justicia chilena rechazó una acusación en este sentido, hecha por los familiares de detenidos ejecutados que, según parece, reclamaban que el gobierno chileno había incumplido o violado uno de los artículos de la constitución referente a las tareas de protección del Estado con respecto a sus ciudadanos. La justicia de ese país ha demostrado, durante más de una década de connivencia y complicidad con el régimen militar, que tampoco oye los sones de la transición tan proclamada, y que sigue actuando, a pesar de algunas excepciones, en protección del antiguo régimen.

Es casi incomprensible, en realidad, la increíble imbecilidad de pretender defender, según dice el gobierno - y habrá que darle crédito, aún si sólo a modo de recreación argumental -, "principios y no personas", entre ellos el de la ‘soberanía', al mismo tiempo que el Estado chileno que conducen se ha comprometido a cederla en virtud de la aceptación de tratados de leyes internacionales, las mismas que se aplican precisamente al ex dictador, no se sabe si provoca o proviene de naufragios intelectuales serios. Hay muchas razones, de sobra conocidos por todos, que harían imposible el enjuiciamiento del ex dictador en Chile: el decreto de amnistía (que impide que los asesinos sean juzgados), la condición de senador del general (que le otorga inmunidad) y, ciertamente, la falta de voluntad política. También dice mucho que, aún habiendo juicios pendientes contra él en Chile, los jueces no hayan pedido su extradición (y para qué pensar qué hubiese hecho el gobierno chileno si un juez le pidiese que tramitara una petición de extradición). Pero lo que realmente dice todo es que, en su defensa de los crímenes del ex dictador como actos pertenecientes a la esfera del Estado y de su condición, reconocida por el gobierno, de ex jefe de Estado, hace imposible creer que se piense honestamente en llevarle a juicio, porque allá, y por la misma razón, tampoco se le podría juzgar. (Si los crímenes que cometió los definiese el gobierno chileno como ‘delitos comunes', ¿se atreverían a decir que sí le llevarían a juicio en Chile? La pregunta, por otra parte, es tanto más pertinente cuanto que son los políticos chilenos los que parecen decidir cuándo y quién debe ser llevado a juicio, y no los fiscales ni jueces de la llamada república. Razón adicional para explicarse porqué no entienden lo del juicio en Londres, ni la demanda de extradición de España).

Saludos,

Edmundo Magaña